Desde su paso por el Congreso el pasado junio, el proyecto de ley orgánica educativa que lidera la ministra Isabel Celaá ha sido objeto de controversia y ha conseguido dividir a la comunidad educativa de nuevo. Y decimos de nuevo porque no es la primera vez que una iniciativa de este calado levanta suspicacias tanto en los sectores sociales como en la esfera política.
Desde Grupo Piquer queremos desvelaros todas las claves de esta nueva ley, sus antecedentes, su estado actual y las opiniones de las diferentes partes para que podáis tener una fotografía completa sobre el tema.
Antecedentes: la ley Wert o LOMCE
En 2013, el gobierno popular de Mariano Rajoy, de la mano del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, presentó un proyecto de ley que respondía al título de Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), o más conocida como ‘ley Wert’. Está ley constituyó la séptima reforma educativa de nuestra democracia, es la que rige nuestro actual sistema educativo y la que seguirá vigente, al menos, hasta el presente curso 2019/2020. Los cambios que proponía fueron lo suficientemente significativos como para encontrar la oposición en la práctica totalidad del resto de grupos parlamentarios y actores educativos, hecho que provocó la reapertura del debate sobre cuáles son las mejores medidas para beneficiar a la educación de los más jóvenes a corto y largo plazo.
Para comprender mejor qué cambios propone la ley Celaá, conviene conocer un resumen sobre los puntos principales que estableció la LOMCE. En primer lugar hay que señalar que el objetivo de esta reforma, tal y como describe en su preámbulo, es “reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, tanto en la tasa comparativa de alumnos y alumnas excelentes, como en la de titulados en Educación Secundaria Obligatoria, mejorar la empleabilidad, y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes”.
Para ello establece una mayor centralización a la hora de controlar ciertos aspectos, sobre todo en lo que se refiere a asignaturas troncales (Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias o Idioma Extranjero). En su Artículo 6 bis. Distribución de competencias, establece que es competencia del Gobierno “determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales”.
La asignatura de Religión se convierte en materia de especialidad y pasa a contar para la nota media, es decir, se le vuelve a dar plena validez académica, además de recibir una equiparación con el resto de asignaturas en el número de horas impartidas. Asimismo, la asignatura Educación para la Ciudadanía se elimina del itinerario, estableciendo Valores culturales y sociales en Primaria, y Valores éticos en la ESO como alternativas a Religión.
Se instauran las “reválidas”, o lo que es lo mismo, al finalizar cada etapa educativa el alumnado será evaluado mediante unas pruebas externas diseñadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuya superación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato será imprescindible para la obtención del título correspondiente, no en el caso de Primaria que tendrá un carácter más orientativo. Estas pruebas se corregirán por docentes externos al centro educativo, y el alumnado que no supere la prueba final del Bachillerato tendrá la única opción de acceder a la Formación Profesional de Grado Medio o Superior, y la persona de la ESO que no supere la prueba, a la nueva Formación Profesional Básica, con la que únicamente tendrá acceso a la Formación Profesional de Grado Medio, pero podrán presentarse a la prueba de evaluación final de la ESO para la obtención del título correspondiente.
Lo que nos lleva a las nuevas modalidades de Formación Profesional: la Formación Profesional Básica y la Formación Profesional dual. Un intento de dar vida al aprendizaje profesional mediante la flexibilización de las formas de acceso a la Formación Profesional Básica hacia la de Grado Medio, y desde ésta hacia la de Grado Superior. También se realiza la creación de un nuevo título de Formación Profesional Básica, con dos años de duración y que es “de oferta obligada y carácter gratuito”. La Formación Profesional dual queda regulada y es completada con materias optativas orientadas a los ciclos de grado superior y al tránsito a otras enseñanzas.
Las competencias de la dirección de los centros escolares se ven ampliadas y el Consejo Escolar pierde poder, es la figura del director la que tiene ahora más autonomía, capacidad de gestión y liderazgo. El Consejo Escolar, pese a que siga siendo el nexo entro los centros y la comunidad educativa para el control y gestión de fondos públicos, hay otras atribuciones, como los procesos de admisión, los presupuestos y los proyectos educativos, que pasan a ser competencia de la dirección del centro. Además, recae sobre el centro educativo, y por consiguiente en su dirección, “tomar decisiones sobre cómo mejorar su oferta educativa y metodológica”, promoviendo la especialización curricular de los Institutos de Educación Secundaria. Asimismo, prima el principio de libertad de enseñanza, situando a las familias como primeras responsables de la educación de sus hijos, y es por ello que tienen competencia para decidir qué centro o qué tipo de educación quieren para sus hijos.
También se hace especial hincapié en la educación plurilingüe, ya que el conocimiento por parte del alumnado de una segunda lengua extrajera se detecta como una gran carencia en el sistema educativo español. Y en esta cuestión del idioma, adquiere especial relevancia la cuestión de la obligatoriedad de la oferta de enseñanzas cuya lengua vehicular sea el castellano. Por último, cabe destacar la posibilidad de la construcción de colegios privados concertados en suelo público y la separación por sexos en los centros que así lo deseen y que cumplan una serie de requisitos.
Todas estas medidas venían a modificar parcialmente la Ley Orgánica (LOE) 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y fueron implantadas en el curso 2014/2015.
La ley Celaá o LOMLOE
Este nuevo proyecto de ley orgánica educativa está siendo muy criticado por partidos como PP, Ciudadanos y Vox, además de ciertos sectores sociales que defienden la educación concertada y los centros de educación especial, por ser una reforma, como ellos dicen, ideológica y sin consenso.
También está el hecho de que llega en un momento muy desafortunado de crisis sanitaria y no creen sea el momento de derogar la anterior ley, pues no se trata de una reforma parcial, sino de una derogación completa.
En este sentido, vamos a hacer un repaso de las principales medidas que propone la ley Celaá para que podáis sacar vuestras propias conclusiones:
La educación pública se erige como estandarte del sistema educativo.
La asignatura de Religión vuelve a ser relegada a un segundo plano haciendo que su nota no cuente para acceder a la universidad o procesos de obtención de becas.
En Primaria y ESO se estudiará Valores cívicos y éticos, poniendo especial atención en la igualdad y los Derechos Humanos y de la Infancia.
Se establece la posibilidad de establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones.
Todos los centros ordinarios deberán, en el plazo de 10 años, tener suficientes recursos para asistir al alumnado con discapacidad. También establece una serie de ayudas por parte de las administraciones a los centros de Educación Especial para aquel alumnado que requiera una atención todavía más especial.
El castellano ya no se constituye como lengua vehicular de la enseñanza. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales.
El alumnado podrá pasar al siguiente curso cuando el profesorado lo considere, pudiendo hacerlo además con una o dos materias suspendidas. Repetir adquiere la condición de situación excepcional y cualquier alumno solo podrá hacerlo, como máximo, dos veces a lo largo de Primaria y ESO.
La historia de la democracia planteada desde una perspectiva de género tendrá el objetivo de que el alumnado posea un profundo conocimiento sobre esta cuestión.
La promoción de una igualdad de género real con el establecimiento de planes que propicien el aumento de alumnas en ciencias e ingenierías, y que, del mismo modo, aumenten las matrículas de alumnos en asignaturas con más matriculación femenina.
Mayor fomento de la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria.
Promover una educación de defensa del planeta y su relación con el alumnado.
Desarrollo de competencias digitales en todas las etapas educativas.
Los alumnos mayores de 16 años con un contrato laboral o deportistas de alto rendimiento podrán acceder a la educación para adultos.
Bachillerato se podrá realizar en tres años y se valora la posibilidad de que el alumnado que haya aprobado todas las asignaturas menos una pueda obtener el título bajo decisión del equipo docente.
No se separarán los alumnos por género en los centros que estén financiados total o parcialmente por fondos públicos.
Se aumentan las plazas públicas de infantil (0-3 años). También se promueve la incorporación de Infantil con otras etapas educativas en centros públicos.
Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no supondrán más del 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60% para el resto.
Lengua Propia y Literatura es la nueva denominación para Lengua Cooficial y Literatura.
Las comisiones de admisión, cuando la demanda supere a la oferta, estarán pendientes de un equilibrio de alumnado desfavorecido o con necesidades de apoyo educativo en centros financiados con fondos públicos. Además, se establece un orden de admisión por hermanos matriculados, proximidad y renta (también podrán influir otras circunstancias como el hecho de ser familia numerosa).
Para las personas mayores de 17 años sin ninguna cualificación, las Administraciones podrán organizar programas educativos específicos que les permita el acceso a una certificación académica o título de Formación Profesional.
Dada la reciente crisis sanitaria, Educación y comunidades, de forma conjunta, elaborarán planes para el normal desarrollo de la enseñanza.
Se apoya a la escuela rural garantizando una plaza gratuita de Primaria en el municipio en el que reside el alumno, y si tuviera que trasladarse a la zona escolar más cercana, se haría minimizando lo más posible el desplazamiento.
Diversificación curricular a partir de la modificación o adaptación del mismo desde 3º de la ESO con el fin de que el alumnado que lo requiera pueda obtener el título de la ESO.
En líneas generales, y de forma muy resumida, estas son las principales modificaciones de la ley Celaá. Toda una batería de iniciativas que no nacen exentas de polémica y que ya han provocado la movilización de la ciudadanía con manifestaciones en las principales ciudades de España y recogidas de firmas para echar para atrás la reforma. Sabemos lo que opinan los diferentes grupos parlamentarios y algunos bloques sociales, pero vamos a ahondar un poco más y poner de protagonistas a los diferentes actores del panorama educativo.
Por último, nos gustaría agradecer su colaboración y buena disposición a la Federación de Sindicatos Independiente de Enseñanza de Zaragoza (FSIE), al Colegio del Salvador de Zaragoza (Jesuitas) y al CEIP ‘Ramón y Cajal’ de Alpartir.
Podéis echar un vistazo a nuestro blog para estar al tanto de las últimas novedades en materia de educación, o podéis leer el último artículo de Miguel Ángel Heredia, director general de Grupo Piquer.
